El gobernador instruyó al Fiscal de Estado a presentarse ante el MPA en la investigación relativa a las carpetas confeccionadas durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad. “Los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”, dice en los considerandos del decreto.
El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0022 donde instruye al Fiscal de Estado “a intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artÃculos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad a que refieren los considerandos del presente”. Se trata de la investigación que llevan adelante los fiscales Exequiel Hernández y Mariela Jiménez sobre presunta inteligencia ilegal que se habrÃa llevado adelante durante la etapa de Marcelo Sain en esa cartera, durante la actual etapa institucional.
Perotti firmó la instrucción junto a la ministra de Gobierno, Celia Arena, “y atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”, reza en los considerandos.
Es la segunda decisión que adopta el gobernador tras la salida de Sain y en ambas con instrucciones al fiscal de Estado, Rubén Weder quien harÃa la presentación solicitando ser querellante la semana venidera. Antes le ordenó una investigación administrativa interna que está en su etapa final. Lo recuerda el nuevo decreto en el comienzo de los considerandos. “que en su oportunidad, al haber tomado estado público las medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, este Poder Ejecutivo de manera inmediata dispuso a través del Decreto N° 26511/21 instruir al Fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de AuditorÃas y Sumarios dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan”. Añade que esa instrucción tiene por objeto precisar, “en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder”.
Menciona que tras aquel acto administrativo “pero en relación a la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación”. Agrega que “el estado actual de la investigación -de acuerdo a los mencionados trascendidos periodÃsticos- hace oportuno instruir nuevamente al Fiscal de Estado -órgano que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los Tribunales de Justicia- a que se presente en nombre y representación de ésta como querellante en la Investigación Penal Preparatoria Ilevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación relacionada con hechos sucedidos en el ámbito del Ministerio de Seguridad, en un todo de acuerdo con los Arts. 93 y siguientes del Código Procesal Penal”.
Fundamenta la decisión “en mérito a que en el proceso judicial mencionado, se estarÃan investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarÃan el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y asà propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estarÃa siendo cuestionado”.
También señala Perotti que “resulta menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma, ya que es condición fundamental para una pacÃfica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurÃdica coadyuven a la confianza legÃtÃrna de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurÃdica”.
“Atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados”, dice por último.
Pullaro
El diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR- Evolución) a través de su abogado Pablo Cococcioni, se presentó el pasado 4 de enero ante el Ministerio Público de la Acusación para conocer si su nombre figuraba entre las carpetas que habrÃa elaborado la gestión de Marcelo SaÃn en el Ministerio de Seguridad.
-¿Tuvo respuesta? le preguntó El Litoral
– Me presenté para pedir la información que habÃa salido en algunos medios de comunicación. Aún no he tenido respuesta, cuando suceda me voy a constituir en querellante. Creo que si es asÃ, que funcionarios del Poder Ejecutivo hacÃan inteligencia ilegal sobre empresarios, periodistas y polÃticos es el hecho más grave que haya vivido la democracia santafesina y nos impone, a quienes estamos formados en democracia, llegar hasta las últimas consecuencias y ver las responsabilidades que tenÃan los funcionarios de ese momento del ministerio de Seguridad y también las máximas autoridades gubernamentales; si estaban al tanto o no, es tan grave una cosa como otra.
Fuente. El Litoral